Transparencia blinda a Sánchez: le permite ocultar informes del Covid porque no ve suficiente «interés»

El Consejo de Transparencia permite a Pedro Sánchez esquivar la entrega de documentos reveladores de la inacción del Ejecutivo ante la crisis del Covid. En una resolución, el organismo desestima una reclamación para que el Gobierno facilite «copia de todos y cada uno de los informes que el Ministerio de Sanidad llevó al Consejo de Ministros sobre el nuevo coronavirus». Transparencia entiende que revelar la información puede suponer un «perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en la toma de decisión» y no existe un «interés superior» que justifique hacerlo.

El reclamante solicitó al Gobierno los informes que había llevado al Consejo de Ministros desde el 28 de enero de 2020. Asimismo, pedía que se le indicase si, sobre cada uno de ellos, se había tomado alguna decisión. Cuestiones clave para determinar si el Ejecutivo descartó adoptar medidas pese a la evidente gravedad del nuevo virus.

«Secreto»

Sin embargo, Sanidad respondió lo siguiente: «Los informes requeridos son documentos de trabajo para el apoyo a las deliberaciones del Consejo de Ministros, y con tal naturaleza elevados al mismo por uno de sus miembros. Por tanto, son elementos esenciales en la referida deliberación. En consecuencia, se ve afectado por la imposición de secreto». En consideración del Ejecutivo, facilitar dichos informes podría suponer un «perjuicio para la garantía de la confidencialidad y el secreto requeridos en los procesos de toma de decisión del Gobierno».

El ciudadano elevó entonces su queja al Consejo de Transparencia, al entender que «es indudable que en este caso prevalece el interés y carácter público por encima del límite de confidencialidad que alega el Ministerio». «La información solicitada permite mejor la rendición de cuentas», proseguía en su argumentación.

«Test de interés público»

En la resolución, Transparencia explica que la aplicación de los supuestos para denegar una información no es «automática», sino que debe realizarse un «test del interés público» que pondere la necesidad de revelarla.

Sin embargo, a continuación, comparte el argumento del Gobierno «en el sentido de que el conocimiento de los informes elevados al Consejo de Ministros, teniendo en cuenta la materia tan concreta sobre la que versan y el momento en que se produce el debate en el seno del Consejo- en plena gestión de una pandemia que aún no ha finalizado- pueden desvelar, si no ya el contenido, sí muchos detalles sobre las deliberaciones llevadas a cabo en el seno del Consejo de Ministros».

«A esto cabe añadir -prosigue- que, aunque aparentemente pueda considerarse- como así lo hace el reclamante- que se verían afectadas decisiones ya adoptadas, no podemos dejar de tener en consideración, como ya hemos indicado, que aún nos encontramos en una situación de pandemia y, por lo tanto, en un escenario en que el Consejo de Ministros aún ha de adoptar decisiones de gestión de la misma en las que no puede descartarse que sean tenidos en consideración informes que ya hubieran sido analizados en reuniones previas».

Es por ello que el organismo -que se entiende independiente y debe velar por la transparencia de las instituciones- desestima la reclamación ya que considera que «el perjuicio al límite previsto» en la Ley «es real y no meramente hipotético». «A nuestro juicio no ha sido aportado al expediente justificación de la existencia de un interés superior que permita desplazar la aplicación del límite eludido», señala Transparencia.

Polémicas

La independencia del Consejo de Transparencia está en cuestión después de que Pedro Sánchez pusiese al frente del organismo a un antiguo cargo del Gobierno de Zapatero, José Luis Rodríguez Álvarez.

En un nuevo movimiento, hace unas semanas, Rodríguez Álvarez cesó a la directora de reclamaciones, Esperanza Zambrano.

El cese se entendió como un intento de Pedro Sánchez de controlar una institución que, en los últimos tiempos, ha sido especialmente incisiva con algunas cuestiones delicadas para el dirigente socialista, como sus viajes en Falcon, sus estancias de vacaciones o, precisamente, la gestión de la crisis del Covid.

Cabe recordar que el Consejo obligó a Sanidad a revelar la identidad de los funcionarios que habían decidido qué comunidades pasaban de fase durante la desescalada, algo que el Gobierno había intentado mantener en secreto.

El nuevo director del Consejo de Transparencia tiene un largo currículum vinculado a los socialistas. Fue director del gabinete de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, desde 2004. Posteriormente, fue su director de gabinete cuando lo nombraron ministro de Justicia. Además, estuvo al frente de la Dirección General de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia (2008-2009). En 2011, Caamaño lo designó director de la Agencia Española de Protección de Datos, un cargo en el que se mantuvo hasta 2015.